Desde el inicio de la guerra con Ucrania en febrero de 2022, Rusia ha obligado a al menos 314 niños ucranianos a un programa de adopción o acogida forzada, de acuerdo con un estudio divulgado este martes por la Universidad de Yale (Estados Unidos).
El estudio, llevado a cabo por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Escuela de Salud Pública de Yale, representa "el análisis más extenso y minucioso hasta ahora sobre la asignación de niños de Ucrania a ciudadanos rusos o alistados en las bases de datos (de adopciones) de Rusia".
- La entidad ha reconocido a 166 menores ya establecidos con ciudadanos rusos y a 148 registrados en bases de datos que operan, están afiliadas o están dirigidas directamente por el Gobierno de Rusia o que colaboran con este en el marco de una operación "sistemática, intencional y extendida".
Esa acción, registrada en un reporte de 86 páginas que trata sobre la custodia de los niños ucranianos por Rusia, su traslado de un país a otro y su naturalización, «se inició por (el presidente ruso, Vladímir) Putin y sus subordinados con el propósito de rusificar» a los niños, señala.
Los 314 infantes ucranianos detectados en el estudio fueron extraídos de las provincias de Donetsk y Luhansk, declaradas unilateralmente rusas, trasladados a lugares temporales y repartidos en 21 zonas del país; de estos, 67 han sido naturalizados y están ubicados 42.
- Además, se deduce que Rusia está empleando psicólogos para validar este programa de adopciones como una "demanda médica" y que los niños fueron sometidos a una "reeducación prorrusa" después de ser puestos bajo custodia rusa.
En el informe, los expertos señalan que las adopciones y acogidas forzadas registradas podrían ser crímenes de guerra y contra la humanidad, y que, sumadas a otras evidencias, pueden incluso fortalecer las afirmaciones de que Rusia está perpetrando un genocidio contra Ucrania.
En marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Putin y su comisionada para la protección de la infancia, María Lvova-Belova, debido a la deportación masiva de niños ucranianos desde las áreas ocupadas en Ucrania a territorio ruso, lo cual constituye un delito bélico.
Aparte de Putin y Lvova-Belova, el informe de Yale imputa a otros altos cargos rusos por su implicancia en el programa de adopciones obligatorias: Anna Kuznetsova, vicepresidenta del Parlamento ruso, Sergei Kravtsov, ministro de Educación, junto con los líderes de las administraciones prorrusas de Donetsk y Luhansk.