Los ayuntamientos y las instituciones educativas serán los encargados de distribuir los productos de higiene femenina a quien se los solicite y deberán tener disponibilidad por ley.
La ley fue aprobada por unanimidad en noviembre de 2020 a propuesta de la diputada del Partido Laborista Mónica Lennon tras una campaña contra la “pobreza de la regla”.
Para Lennon, supone “otro gran hito para las activistas en pro de la diginidad de la regla (…) que demuestra que se pueden conseguir cosas con opciones progresistas y valientes”.
Para la consejera de Justicia Social del gobierno escocés, Shona Robinson, la medida tiene mayor importancia ahora ante la crisis de la subida de los precios.
El Gobierno autónomo escocés ha gastado más de 27 millones de libras (unos 32 millones de euros) desde 2017 para financiar productos de higiene femenina.