El Departamento de Justicia estadunidense demandó a la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, por discriminar a refugiados y asilados en su proceso de contratación.
El pleito alega que, desde al menos septiembre de 2018 hasta mayo de 2022, SpaceX desalentaba a esas personas de solicitar un empleo y se negó a contratarlos o a tenerlos en consideración debido a su estatus de ciudadanía, algo contrario a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
En sus anuncios y declaraciones públicas, SpaceX mantenía erróneamente que, según las "leyes de control de la exportación", solo podía contratar a ciudadanos y residentes permanentes legales de EU, titulares de una "green card".
Violación a reglamentos federalesDe acuerdo con esos reglamentos, los asilados, refugiados, residentes permanentes legales, ciudadanos y nacionales estadunidenses que trabajan para compañías de la misma nacionalidad pueden acceder a artículos de exportación controlada sin la autorización del gobierno de EU, por lo que los asilados y refugiados no deben ser tratados de manera diferente.