La Alta Comisionada de los Derechos Humanos condenó la ejecución masiva de 81 personas en Arabia Saudita acusadas de terrorismo.
Entre las personas decapitadas el 12 de marzo, 41 pertenecían a la minoría chiíta y habían participado en las protestas antigubernamentales de 2011-2012 para pedir una mayor participación política. Otros siete eran yemeníes y uno era de nacionalidad siria.
Michelle Bachelet aseguró que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte tras juicios que no cumplían las garantías de un proceso justo.
“La ejecución de penas de muerte tras juicios que no ofrecen las garantías de un juicio justo está prohibida por el derecho internacional y el derecho humanitario y puede constituir un crimen de guerra”, sostuvo la Alta Comisionada.
Las ejecuciones del sábado superan el total de 67 ejecuciones que, según los informes, tuvieron lugar en todo el año 2021.
Una de las principales preocupaciones de Bachelet es que la legislación saudita contempla una definición extremadamente amplia de terrorismo, en la que se incluyen actos no violentos que supuestamente "ponen en peligro la unidad nacional" o "socavan la reputación del Estado".
“Con ello se corre el riesgo de criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, destacó.