Tras una reciente escalada de violencia en El Salvador, el gobierno continúa emitiendo sentencias contra pandilleros en un intento por controlar la situación.
El lunes el Ministerio Público informó que un juzgado declaró culpables de diversos delitos a 44 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaban en el oriente del país. Según las autoridades, son responsables de 34 homicidios. A un par de pandilleros se les condenó a más de 400 años de cárcel y a otros a penas similares.
Luego de una alzada de cifras de homicidios, el Congreso aprobó hace pocos días el estado de excepción —inicialmente por 30 días— que entre otras cosas suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de su arresto, y a la asistencia de un abogado.
También permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos. La medida, que fue solicitada por el presidente Nayib Bukele, ha sido ampliamente cuestionada bajo señalamientos de que puede permitir detenciones arbitrarias.
El Congreso también aprobó una serie de reformas a las leyes que endurecen las penas para combatir a las pandillas y destinaron 80 millones de dólares para la compra de armas y equipos para la policía y la fuerza armada.
Estos pandilleros fueron capturados en 2019 por delitos cometidos entre 2016 y 2017 y su proceso no está relacionado con las detenciones ordenadas por el gobierno luego de la reciente escalada de violencia. Las reformas al Código Penal aprobadas la semana pasada por el Congreso no afectaron las sentencias.
El gobierno de Estados Unidos dijo en diciembre que su gobierno había negociado en secreto una tregua con líderes de pandillas. Eso contradecía las afirmaciones de Bukele y aumentó la tensión entre los dos países.
El gobierno de Estados Unidos alega que el gobierno de Bukele compró el apoyo de las pandillas con beneficios financieros y privilegios para sus líderes en prisión, como acceso a prostitutas y celulares.
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