Siete militares colombianos recibieron el jueves la máxima sanción disciplinaria en el país por el presunto abuso sexual y secuestro a una menor de edad indígena en junio de 2020. La Procuraduría General de la Nación los destituiría e inhabilitaría por 20 años para ejercer cargos públicos por tratarse de ``faltas gravísimas''.
Se trata de un fallo en primera instancia. Tras la apelación del abogado defensor de los militares, el Ministerio Público revisará la decisión en segunda instancia.
La presunta violación colectiva tuvo lugar el 21 de junio pasado en el municipio de Pueblo Rico, ubicado en el departamento de Risaralda, al este. La niña pertenece a la comunidad indígena Emberá Chamí, quienes conservan su lengua nativa y sus tradiciones.
Según el relato de la víctima, y que fue recopilado por las autoridades, los militares la atacaron cuando ella se encontraba alejada de su casa para recoger frutos de los árboles. Sus familiares la buscaron incansablemente por la zona.
La menor aseguró que los militares la retuvieron en su poder hasta la madrugada del siguiente día. ``Cuando acabaron me dijeron que no me fuera para la casa, y ellos me hicieron un cambuche para que yo me acostara a dormir''.
Este caso indignó a los colombianos y al Estado mismo. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo calificó de ``crimen execrable'', mientras que el presidente Iván Duque pidió celeridad en la investigación.
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