La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Icela Rodríguez, dijo la tarde de ayer que en el incendio del lunes hubo un "delito grave" por parte de quienes no abrieron las rejas de la celda durante el incendio que cobró la vida de 39 migrantes.
Ahí se informó también que hay ocho identificados como probables responsables, entre servidores públicos y empleados de la empresa de seguridad privada, y que están por solicitar órdenes de aprehensión.
- Las personas no están detenidas, pero están identificadas y han estado en la FGR declarando, se informó también.
Guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) vigilaban la estación migratoria de Ciudad Juárez el lunes por la noche, cuando ocurrió el incendio que provocó la muerte de 39 migrantes.
SEICSA es propiedad de Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, que a través de esta empresa ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno.
La entrega de contratos a SEICSA aumentó desde que Valdés Cabrera fue nombrado en 2019 cónsul honorario por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Rosa Icela Rodríguez, dijo que no daría a conocer, argumentando que debía guardar secrecía como parte de las investigaciones. Aseguró que están reuniendo toda la información para saber si tenía la empresa los permisos para operar y el tipo de contrato que había firmado con el Instituto Nacional de Migración (INM)
En los videos del incendio ocurrido en la estación de Ciudad Juárez se observa que guardias de SEICSA están dentro de las instalaciones, a la par de los agentes del INM.
De acuerdo con El Diario de Juárez, tres empleados de la empresa de Valdés Cabrera ya rindieron declaración ministerial ante la Fiscalía General de la República.
- SEICSA tiene diversas denuncias por violaciones a los derechos humanos, principalmente en incidentes con migrantes. Un informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil enviado a la ONU en 2016 documentó al menos 10 agresiones de empleados de las empresas SEICSA y CUSAEM a migrantes que iban en trenes de carga en la ruta Apizaco-Guadalajara.
Un año después, un informe de ocho organizaciones civiles enviado a la ONU destacó que personal de SEICSA, contratada por la empresa Ferromex, intimidaba a defensores y voluntarios del colectivo Estancia del Migrante González y Martínez que se acercaban a las vías del tren buscando ayudar a migrantes.