El gobierno de Veracruz, dirigido por Cuitláhuac García, se ha declarado insolvente para cubrir los desvíos que se cometieron en la administración de Javier Duarte y que han generado reclamos por parte del Gobierno Federal y uno de ellos que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e intenta obligar a que devuelvan más de 96 millones de pesos, en detrimento de las arcas veracruzanas.
Pese a que las sentencias de la Suprema Corte son definitivas e inatacables, las autoridades veracruzanas presuntamente ya entregaron pruebas para lograr un acuerdo y deslindar responsabilidades.
De esta forma, pretenden evitar que la actual administración devuelva el monto que estaba destinado para un seguro catastrófico para el campo, que no fue adquirido, tal como dictó la sentencia emitida el pasado 30 de junio como parte del juicio sobre cumplimiento de los convenios de Coordinación Fiscal.