El Caso Olmeca es el nombre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da a la investigación sobre robo y tráfico de combustible desde la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Dos Bocas hacia Arabia Saudita. Un sujeto identificado como El Yayo, es el personaje principal en esta operación en la que estarían involucrados funcionarios de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR). Autoridad Portuaria Integral (API) y un “secretario de arriba”.
Esta operación de huachicoleo se reconstruyó a través de comunicaciones interceptadas por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste, y es parte de los documentos de la Sedena filtrados por el grupo Guacamaya.
El Yayo es el encargado de logística de un grupo independiente dedicado al huachicoleo. Los días previos al 11 de agosto se dedicó al soborno de autoridades para el trasiego de combustible robado o a informar sobre los puntos disponibles para hacer tomas clandestinas.
Ese día, Yayo recibió una llamada de Hombre (sujeto no identificado por el CEFRI) para que coordinara “algo grande”. La instrucción era precisa: surtir un buque con 60 mil litros de diésel que estaría atracado en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, y que tendría como destino Arabia Saudita.
Hombre también pidió a Yayo contactar a “gente pesada” para realizar la transacción. “El trato ya está cerrado. El barco se colocará en Dos Bocas en un término de diez días nada más”, explicó el sujeto.
El reporte de ese 11 de agosto del encargado de interceptar las comunicaciones de los grupos criminales dedicados al robo y trasiego de combustible era una calca del de todos los días: “Buenos días mi General, respecto a las actividades técnicas que se realizan en el CEFRI Sureste, me permito informar lo siguiente: Casos: 6. Series de seguimiento: 26”.
Sobre el Caso Olmeca, el agente del centro de inteligencia informaba:El Yayo había tenido días complicados desde el 20 de julio, cuando recibió un mensaje de un número desconocido de la Ciudad de México de una persona que dijo ser de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la FGR.
En el mensaje un hombre le pedía dos millones de pesos para liberar a El Bombón, líder huachicolero en Tabasco; un millón cuando ya estuviera fuera y 20 mil pesos semanales “para no ser molestado y pudiera trabajar”.
A eso se sumó que el 7 de agosto El Rayo, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, advirtió a El Yayo que “muy independiente del reporte que le haga a los jefes de más arriba, a partir de esa fecha también tendría que reportar con él todas las entradas y salidas de las pipas que muevan en el tramo de Cárdenas (municipio de Tabasco colindante con Veracruz)”.
Los días posteriores al negocio de Arabia Saudita fueron ajetreados. El Yayo se dedicó a organizar una junta entre funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y un “cliente” que llegaría el 18 de agosto al aeropuerto de Villahermosa.
“Se lo presentaremos al jefe que coordina todo en Tabasco para llegar a un acuerdo y, si fuera necesario, se crearán nuevos grupos de extracción de combustible ilícito, con el objeto de abastecerlo y subsanar la demanda de dicho combustible de su cliente”, dice la transcripción de la llamada en el informe del CEFRI.
El 17 de agosto Yayo comenta a Hombre que asistirá a la reunión, aunque ahora le dice que será “con los directores de la API, Aduanas y el Almirante”, donde “supuestamente recibirán instrucciones por parte del ‘Secretario de arriba’ (sin más datos)”.
El último reporte sobre El Yayo se realizó el 31 de agosto. En una comunicación intervenida por el CEFRI Sureste y reportada al General, Yayo comenta a Hombre que “todo lo referente al combustible se encuentra detenido”.