El magistrado José Luis Vargas Valdez advirtió que él y varios magistrados fueron objeto de presiones y amenazas entorno a la posible anulación de la elección en Puebla pero, dijo, eso reforzó su convicción de actuar con autonomía y declarar inválido ese proceso.
En la sesión de esta noche, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza las impugnaciones de Morena y de Luis Miguel Barbosa, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, y el proyecto de sentencia de Vargas, en el que plantea que no hay certeza en la elección pues la autoridad electoral local vulneró la cadena de custodia de la paquetería electoral.
El magistrado José Luis Vargas dio a conocer, en su intervención, una serie de videos en los que se observa a personas que entran y salen con mochilas de las bodegasdonde se resguardaban los paquetes electorales; también se observa como cargan una camioneta con posible paquetería electoral de la pasada elección del 1 de julio en Puebla.
Tras exponer su proyecto, difundido por él mismo en sus redes sociales la noche del domingo pasado, Vargas Valdez acusó que él y otros magistrados fueron objeto de intimidaciones.
“Las amenazas en medios de comunicación y otro medios de intimidación de las cuales un servidor y varios de los aquí presentes fuimos sujetos en los últimos días han reforzado mi convicción de que los jueces debemos resolver con plena autonomía, es decir, debemos sujetarnos en todo momento al principio de independencia judicial sin influir las influencias, factores externos o intereses que intentan aminorarla y sojuzgar”, dijo.
Reiteró que si dio a conocer su proyecto de sentencia fue en ejercicio del derecho colectivo a la transparencia y a la información.
Tras publicar en sus redes el proyecto de resolución, PAN y PRD promovieron ante el TEPJF que Vargas se excusara de resolver el asunto y acusaron parcialidad.
Previo a la sesión los magistrados analizaron el recurso de impedimento planteado por ambos partidos para que Vargas no discutiera, no votara el caso y no se analizara su proyecto de resolución.
Por unanimidad de cinco magistrados asistentes a la sesión privada, se desestimaron los alegatos de los impugnantes pues la difusión del proyecto en Twitter no violó la ley ni colocó al magistrado en impedimento para conocer del caso.