- El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, informó sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de industrias estratégicas del Estado, en particular, respecto al fortalecimeinto de la empresa productiva del Estado, como empresa pública, para garantizar la soberanía energética, la soberanía nacional y la justicia social al garantizar el acceso universal a la electricidad a los precios más bajos posibles.
- Durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expuso que la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales busca recuperar el sentido original de la Constitución: la electricidad no es una mercancía, sino un derecho humano, por depender de ello el desarrollo de la vida y la economía del país; es un servicio público y una responsabilidad ineludible del Estado. Mientras que dejar el aprovisionamiento de la energía eléctrica a intereses económicos, implica el abandono de la responsabilidad esencial de los poderes públicos, representantes de la nación y responsables ante ella.
ATIENDEN INTERÉS PRIVADA SOBRE EL PÚBLICO
Ante ello, el director general de la CFE explicó que la reforma energética de 2013 estableció ventajas a favor de las empresas privadas en detrimento de la empresa pública, en un sistema que establece la prelación del interés privado sobre el interés público y nacional que representa la CFE.
Dijo que, por ello, el presidente propuso reformar el texto constitucional para atender la problemática.
Señaló que el artículo 27 establece que las leyes determinan la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica; sin embargo, a falta de precisión, se propone adicionar que dichas leyes deberán tener como principio garantizar la justicia social.
UTILIDADES POR ENCIMA DE FUNCIÓN SOCIAL- "Finalmente, el artículo 25 constitucional, quinto párrafo, en él se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado incorporado al texto constitucional por recomendación de organismos internacionales financieros de corte neoliberal desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y, por tanto, reduciendo la finalidad a la mera obtención de utilidades sin ninguna función social", indicó el director de la empresa energética.