El 21 de agosto de 2018 una mujer fue recluida durante 29 días en una prisión masculina de Zacatecas y fue abusada sexualmente por un custodio, quien está prófugo. Ayer, un año y medio después de que esos hechos se cometieron, la fiscalía y autoridades estatales salieron a explicar lo sucedido.
La mujer —cuya identidad se reserva— fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión y fue remitida a la cárcel distrital de Calera, en el municipio del mismo nombre. Permaneció en esa prisión hasta el 19 de septiembre, fecha en la que concluyó la audiencia pública oral.
Durante ese tiempo la reclusa estuvo en un área diferente a la de los hombres. Sin embargo, su custodia debía estar a cargo de personal femenino las 24 horas del día y eso no se cumplió, lo que le permitió al agresor tener contacto con ella y cometer abuso sexual.
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La fiscal especializada en Derechos Humanos, Berenice Vázquez, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Ismael Camberos, argumentaron ayer, en rueda de prensa, que la mujer fue enviada a la cárcel de Calera en observancia al mandato constitucional que señala que los imputados deben enfrentar su proceso en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilios. Derechos Humanos alza la voz El caso salió a la luz esta semana porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) insistió en una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública por encontrar diversas acciones y omisiones al recluir a una mujer en una cárcel de hombres.
La titular de la CDHEZ indicó que se emitió una recomendación en la que se ordena iniciar un procedimiento administrativo contra los servidores públicos que por acción u omisión hayan vulnerado los derechos humanos de la víctima.
Además de pedir a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y Cuestiones de Género judicializar el caso y dar impulso a la investigación penal contra el custodio agresor para que se resuelva con perspectiva de género y se brinde a la víctima el derecho a la justicia. La CDHEZ también conminó a que los jueces no emitan órdenes judiciales para enviar a las mujeres a centros penitenciarios distritales.