Desde hace dos años y nueve meses, tanto Ilse como Verónica reciben atención en la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) A.C. En su primer contacto con la organización, en octubre de 2019, tenían apenas seis y cinco años de edad, respectivamente. Llegaron ahí para recibir ayuda tras presuntamente haber sufrido abuso sexual por su padre, Manuel Cavazos, entonces magistrado en materia penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Mariel Albarrán, madre de las menores, denunció al padre de sus hijas en 2019. Manuel Cavazos buscaba ser ratificado como magistrado, pero el Tribunal fue informado de la denuncia en su contra y se negó a ratificarlo. Él buscó, sin éxito, ser restituido en el cargo por un amparo.
Pese a todos los datos contenidos en la carpeta de investigación en contra de Cavazos por abuso sexual contra sus hijas, en marzo de 2021 se determinó “el no ejercicio de la acción penal por no encontrar elementos probatorios suficientes para formular la imputación ante un juez de control”. Pero esa no fue la última página escrita en esta historia: el caso será reabierto.
Después de que Albarrán recurrió a tribunales federales, el pasado 13 de julio la misma jueza que había desechado el caso en dos ocasiones, Luz Elena López Padilla, ordenó a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX reabrirlo y tomar en cuenta todos los elementos de prueba, entre los que se encuentran los relatos consistentes de ambas niñas (con audios incluidos donde las víctimas señalan a su agresor) ante su madre, autoridades y especialistas –del Sistema Nacional DIF y del Centro de Terapia de Apoyo de la Fiscalía, además de ADIVAC– y que antes no fueron tomados en cuenta.
López Padilla estuvo en riesgo de ser separada de su cargo por no resolver conforme a lo solicitado por un juzgado de Distrito, pues su decisión no se basaba en lo manifestado por las partes y fue considerada “incongruente”.
Albarrán acusa que desde el inicio la obstaculización del proceso se convirtió en una constante, debido a la posición y cargo que ocupaba Cavazos como magistrado. La violencia institucional de un segundo agresor, el Estado, ha sido parte de un camino “tortuoso” para ella y sus hijas, asegura, ya que en México denunciar la violencia sexual y romper con el silencio implica luchar contra el sistema y una negación de abordar los casos con perspectiva de género y de derechos de infancia.
En mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCMX) avaló congruencia en las distintas declaraciones de las niñas ante diferentes especialistas, por lo que señaló que la Fiscalía debía incluirlos en la carpeta de investigación.
Para Albarrán la reapertura del caso es “un rayito de luz” para sus hijas y ella misma.
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