Los jóvenes estudiantes de entre 17 y 25 años hicieron ese día lo mismo que varias generaciones antes de ellos: viajaron del pueblo de Ayotzinapa, ubicado en el estado de Guerrero y sede de una de las principales escuelas para formar a profesores rurales de México, a la ciudad de Iguala. Tenían la intención de tomar autobuses para viajar a la capital del país y participar en la marcha anual conmemorativa de la matanza estudiantil de 1968.
Pero terminaron siendo víctimas de otra matanza. En un episodio aún confuso, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27, hubo fuego cruzado entre diversas fuerzas policiales y presuntos integrantes de una célula de narcotráfico local contra los autobuses en los que viajaban los estudiantes (e incluso otro más a bordo del cual iba un equipo de futbol).
Aunque la retención y el uso temporal de las unidades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre de 2014 la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria.
Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco unidades, tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una periférica.
Cinco jóvenes de Ayotzinapa murieron, una veintena de ellos resultaron heridos y 43 jóvenes cuyo último paradero conocido fueron los autos policiales a los que los subieron, están desaparecidos desde entonces y al menos 40 personas fueron lesionadas.
En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.
El 26 septiembre de 2014 y la polémica
La noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ya habían tomado el control de los autobuses, fueron interceptados por miembros de la policía local y por presuntos grupos armados. Estos abrieron fuego contra los jóvenes y contra los integrantes del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, que también viajaban por la zona en un autobús y que presuntamente pidieron la ayuda de militares en la zona, que habrían respondido que no era su “jurisdicción”.
Un grupo de expertos que se sirve de la arquitectura y de la tecnología para investigar casos de violaciones a los derechos humanos, Forensic Architecture, creó hace poco una plataforma que intenta hilvanar todas las historias de lo sucedido ese día.