Ciudad de México, 27 de junio de 2022. - La Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) del Consejo de la Judicatura Federal, presentaron el Manual sobre Desplazamiento Interno, una guía práctica que pone al alcance de quienes imparten justicia las más altas normas y estándares de derechos humanos y de derecho internacional en la materia, así como un ejercicio de experiencias comparadas para para contribuir con la protección y garantía de los derechos de las personas desplazadas internas en el país.
El Manual sobre Desplazamiento Interno contó con la coordinación académica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y con la participación de especialistas en la materia. Esta herramienta permitirá que las personas juzgadoras, que examinen casos relacionados con desplazamiento interno y comunidades de acogida, puedan aplicar estándares internacionales sobre los derechos de esta población, así como las obligaciones sobre medidas de prevención, asistencia humanitaria, protección, soluciones duraderas y reparación integral del daño.
Según ACNUR, a finales de 2021, 53 millones de personas se desplazaron internamente debido a conflictos armados y violencia. Por su parte, el Observatorio de Desplazamiento Interno calcula que hasta 2021 en México había 379,000 personas desplazadas internas por situaciones de violencia, así como 23 personas en situación de desplazamiento por desastres.
“El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de las personas afectadas. Las y los impartidores de justicia juegan un papel muy importante para asegurar que las personas desplazadas internas y las comunidades en riesgo de desplazamiento accedan a mecanismos que garanticen la protección y restitución de sus derechos. Ejemplo de ello son los casos de Colombia y El Salvador que, mediante sentencias de sus cortes constitucionales, lograron el desarrollo de leyes y políticas públicas especializadas en la materia”, aseguró Josep Herreros, Representante Asistente para Protección de ACNUR en México.
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