Cabe señalar que se encuentran en un proceso de pérdida de registro por no haber alcanzado el 3 por ciento de votación en la pasada elección. Por ello el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que deberá devolver esos recursos públicos en un plazo de cinco días.
El presidente de la Comisión de Fiscalización Jaime Rivera, destacó que el acuerdo aprobado hoy en sesión extraordinaria “es una respuesta a un caso inusual, incluso podríamos decir insólito y cuya gravedad es difícil de exagerar”.
Explicó que el partido, que encabeza el líder sindical Pedro Haces, actualmente se encuentra en etapa de prevención, que inició inmediatamente después de conocidos los cómputos distritales, y tiene como objeto someterlo a ciertas restricciones para garantizar la correcta aplicación de sus recursos. “Si bien puede realizar gastos indispensables para su sostenimiento ordinario, destacadamente el pago de la nómina previamente existentes, así como de impuestos, esto debe realizarse bajo la supervisión” de un interventor, que fue designado por esta autoridad desde el mes de junio.
Es por ello que expuso que el interventor de Fuerza por México informó que dicho grupo ha estado realizando diversos gastos o pagos “sin su autorización contraviniendo la normatividad en materia de prevención y liquidación de los partidos políticos, y no se trata de hecho aislados ni de montos menospreciables ha sido una conducta sistemática”.
“Ha erogado múltiples gastos no autorizados que ascienden ya a casi 34 millones de pesos, a pesar de las recurrentes reconvenciones y advertencias que el interventor le ha manifestado. Esta es una conducta infractora y dolosa que el INE no puede pasar por alto, una conducta que viola normas no sólo de fiscalización sino los principios constitucionales que rigen la misión de los partidos políticos, su razón de existencia, en la vida democrática y el sentido mismo del financiamiento público”, dijo.
Ante lo ocurrido, los consejeros electorales decidieron adoptar medidas “inmediatas y eficaces” para frenar esta conducta e iniciar un procedimiento oficioso para deslindar responsabilidades, aplicar las sanciones que correspondan y, según lo que se desprenda de la investigación, dar vista a las autoridades competentes por los probables ilícitos que se detecten más allá de lo que competen a este instituto.
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