Diversas asociaciones civiles y agrupaciones de escuelas privadas fijaron su posicionamiento en torno a la norma mexicana 237 que analiza y presenta la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Hay que recodar que la norma “PROY-NOM-237-SE-2020” de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, fue publicado el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) pero aún no ha sido validado ni entrado en operación, por lo que hicieron un llamado a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, a revertir el proyecto.
De acuerdo con el documento publicado, su propósito es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, salvaguardando el derecho a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución.
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La Secretaría de Economía explicó en una ficha técnica que fue propuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor y que entre algunos de los objetivos está el evitar que los prestadores de servicios educativos establezcan cobros injustificados o innecesarios durante el ciclo escolar sin previa autorización de los usuarios del servicio, ni obligarlos a contratar servicios adicionales para la acreditación de los planes y programas de estudios; en cuyo caso, estos serán proporcionados sin costo para los usuarios del servicio.
Por su parte, la integrante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Itzel Carmona señaló que está norma, incrementaría los costos de inscripción y ante esta situación el cierre de pequeños centros educativos en todo el país.
"En todo el país estimamos el cierre de 18 mil escuelas, esto depende de la cantidad de alumnos y espacios de cada institución, desde nivel preescolar y hasta superior, además los costos se elevarán y los padres de familia no podrán costear los estudios de sus hijos", dijo.
Aunque, no dieron datos oficiales se prevé una reducción por estados de escuelas privadas del 10 al 20 por ciento, es decir cerrarían ante la aplicación de la norma, además los miles de empleos que se perderán.