El matrimonio infantil en México es una realidad que enfrentan niñas y adolescentes de comunidades rurales, obligadas a casarse en nombre de los usos y costumbres, y que se convierten en historias de maltrato, abuso y dolor.
Una de estas historias es la de Ana, una mujer de la comunidad de Santa María la Asunción, enclavada en la Sierra de Oaxaca.
A los 11 años, fue obligada a casarse con un hombre de 50 años: un adulto que en nombre de los usos y costumbres, y a cambio de un terreno, le robó su infancia, su inocencia, su paz y su tranquilidad.
Cuatro de cada cien adolescentes vivieron matrimonio infantil o unión de pareja
Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, en 2020 se tenían registradas 224 mil 454 adolescentes de 12 a 17 años casadas o en unión libre; otras 21 mil 167 ya no vivían con sus parejas por separación, divorcio o viudez.
- Otro dato interesante es el de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, el cual reporta que 20.7 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años, que viven o vivían en pareja, tuvo su primera unión antes de cumplir los 18 años. Otro 3.6 por ciento, lo hizo antes de los 15 años.
Si se toman en cuenta solo las comunidades rurales, las cifras se elevan al 31.2 por ciento antes de los 18 años, y en seis por ciento antes de los 15 años.
Así pudo haber sido la historia de la indígena zapoteca Eufrosina Cruz, si no hubiera dejado su pueblo a los 11 años para escapar del destino de un matrimonio infantil arreglado.
En cambio, se dedicó a estudiar para estudiar una carrera universitaria y convertirse en luchadora social defensora de los derechos de las niñas y mujeres.
Desde la política, Eufrosina lleva años promoviendo cambios a la legislación para terminar con el matrimonio infantil en las comunidades indígenas.
En abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un decreto promovido por Cruz Mendoza, para reformar el Código Penal Federal, y así sancionar el matrimonio infantil en México. Decreto que este miércoles 15 de marzo, fue aprobado por el Senado de la República.
Sólo falta que el Ejecutivo lo publique en el Diario Oficial de la Federación para que se convierta en Ley, y se dé el primer gran paso para terminar con historias como la de Ana: que el matrimonio infantil o equiparable se considere delito grave en México.
La diputada federal por el PRI pidió a los tres niveles de gobierno, convertir este decreto en política pública y traducirlo a las diferentes lenguas indígenas para difundirlo por todo México.