El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso por un juez federal luego de una audiencia de más de 11 horas en la que es la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de cometer tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos con relación al caso Ayotzinapa.
En específico, la FGR acusó al exfuncionario federal de permitir la tortura y desaparición forzada de Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", quien originalmente fue señalado de formar parte del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, pero que hoy está absuelto.
Mantenía información de los jóvenesLos agentes del ministerio público sostuvieron ante el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que tras la detención de "El Cepillo" en 2014, Murillo Karam supo de su tortura durante los interrogatorios en los que se pretendía obtener información acerca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Incluso detallaron que Rodríguez Salgado denunció directamente al exprocurador que había sido víctima de tortura en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) durante su detención.
Sin embargo, al conocer de estos hechos, Murillo Karam hizo caso omiso y le pidió seguir "cooperando" con las autoridades y declarar ante el juez lo que le pedían los agentes de seguridad, ya que de lo contrario lo asesinarían junto con su familia.
Durante la audiencia que se celebró en el Reclusorio Sur, con un Murillo Karam ataviado con su traje de reo color beige, "El Cepillo" pidió hacer uso de la palabra para fortalecer lo dicho por la Fiscalía General de la República al señalar que le arruinó la vida.
Esta acusación, la segunda por el caso Ayotzinapa, se basa en unos videos que datan de 2014 en los que se observa cómo se desarrolla el interrogatorio en contra de "El Cepillo", uno de ellos incluso difundido en redes sociales en 2020, donde aparece sin playera y con una bolsa en la cabeza.
Los argumentos, no obstante, fueron desestimados por el juez Delgadillo Padierna después de más de dos horas de deliberación, tomando en cuenta que, con la información actual, hay evidencia que demuestra que sí estaba enterado de los actos de tortura y la desaparición forzada.
Por ello, determinó vincularlo a proceso por ambos delitos, mientras que descartó hacer lo mismo respecto a la coalición de servidores públicos porque desde su punto de vista no se acreditó este tipo penal. Además, le dictó prisión preventiva ante el posible riesgo de fuga.