Los jueces encargados de los procesos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han desestimado pruebas que acreditaban delincuencia organizada y secuestro, y privilegian más el derecho de los victimarios que el de las víctimas.
Así lo afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien indicó que por esta situación están libres 53 de los 142 civiles y policías municipales detenidos por la noche de Iguala.
Alertó que otros 50 sospechosos podrían quedar libres, pues la liberación, por tortura, de Gildardo López Astudillo, jefe de Guerreros Unidos, marcó un precedente judicial en el caso que sería aprovechado por otros presos.
Adelantó que interpondrán denuncias ante la FGR y la Judicatura para investigar a quienes integraron las averiguaciones en su momento, así como a los juzgadores que han exonerado a los sospechosos de desaparecer a los jóvenes hace cinco años.
Cuestionado sobre si estas indagatorias alcanzan al exprocurador Jesús Murillo Karam, Encinas afirmó que sí, pues se busca fincar responsabilidades a los funcionarios que alteraron el debido proceso en esta investigación.
Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, está preso por el homicidio de un síndico, no por la desaparición de los 43, por lo que no se prevé que salga libre.