Una persona requirió los reportes pormenorizados por uso de la fuerza que elaboró la Guardia Nacional entre el 27 de mayo y el 10 de marzo, argumentando que la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece que siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones, deberán presentar un reporte a su superior jerárquico inmediato.
Sin embargo, la corporación reservó los informes policiales homologados al considerar que su publicidad dañaría la seguridad pública, pondría en peligro a servidores públicos operativos, y afectaría las funciones en materia de prevención y persecución de delitos.
El comisionado Adrián Alcalá propuso el acceso a la información solicitada en versión pública, al considerar que esta “de ninguna manera pone en peligro la seguridad pública, porque las conductas de los agentes que el sujeto obligado pretendió reservar, están estricta y puntualmente reguladas por diversos protocolos y manuales que son específicos del uso de la fuerza, para evitar justamente el uso indebido de la fuerza; es decir, no es posible, jurídicamente, clasificar acciones que se encuentran previstas en la norma”.
El comisionado del Inai reconoció que procede la reserva, por seguridad pública, de las descripciones e identificaciones de toda clase de armas o explosivos presentes en los reportes, debido a que tal información reflejaría la capacidad de reacción y el estado de fuerza de la Guardia Nacional, frente al crimen organizado y no organizado, ya que es información para medir el nivel específico de protección que puede brindar el sujeto obligado a la ciudadanía, en casos concretos.
Así, el Pleno del Inai modificó la respuesta de la Guardia Nacional así como la clasificación invocada, y le instruyó entregar la versión pública de los reportes pormenorizados que ha generado por uso de la fuerza, entre mayo de 2019 y marzo de 2021.
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