El gobierno federal redujo de 20 a sólo 5 años los permisos a las empresas privadas para la importación y exportación de combustibles, conforme a lo publicado el fin de semana en el Diario Oficial de la Federación. Las autorizaciones podrán prorrogarse única vez por otros cinco años.
Esta restricción de la Secretaría de Energía, y anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, modifica la política establecida en la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto (2013-2014), cuando se abrieron las compras privadas al extranjero de gasolinas para el mercado nacional. Hasta antes de aquella reforma, Pemex tenía el control del sector. “Las actividades de la Sener en materia de otorgamiento y supervisión de los permisos previos de importación y exportación de petrolíferos e hidrocarburos se orientarán con base en los objetivos de la política pública en materia energética, incluyendo los de seguridad energética del país”, destaca el DOF.
Para conceder autorizaciones la Sener debe considerar el balance entre la oferta de la producción nacional y las importaciones; la demanda nacional y las exportaciones; así como el fortalecimiento de los niveles de almacenamiento de petrolíferos e hidrocarburos, sin descuidar la seguridad energética, el adecuado suministro de combustibles, y la soberanía energética.
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Los nuevos lineamientos confirman el anuncio del presidente sobre la meta de que México produzca para el 2023 toda la gasolina que requiera el mercado nacional y deje de adquirir este combustible en el extranjero.
El 22 de septiembre reciente el mandatario pidió los reguladores y funcionarios involucrados en los asuntos energéticos que lo ayudaran a fortalecer Pemex y CFE en el actual marco legal. De no ser posible, dijo entonces, promovería una reforma constitucional pasando elecciones del 2021.
La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria había establecido un periodo de 45 días para una consulta pública sobre el tema. Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica sostuvo que reducir el tiempo de los permisos “dificultaría seriamente la competencia y libre concurrencia en la comercialización de petrolíferos, y afectaría la posibilidad de los consumidores de acceder a más opciones de suministro y mejores precios posibles”.