Este domingo un Juez de control vinculó a proceso este domingo a Gerardo Sosa Castelán, rector del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y tres coacusados, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos.
El juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que había dictado la madrugada del miércoles 2 de septiembre pasado contra éstas cuatro personas.
De acuerdo al desarrollo de diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), Sosa Castelán, Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez son probables responsables de realizar un esquema que tiene como finalidad, la obtención de recursos de los que se desconoce su origen.
Durante la audiencia, que inició el sábado a las 16:00 horas y se prolongó hasta este domingo, se estableció que la carpeta de investigación se inició luego de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda en la cual señalan hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la FGR, llevó a cabo la indagatoria y obtuvo datos de prueba sobre la probable comisión de los delitos mencionados.
Según la indagatoria que sirvió de base para la imputación a diversas personas entre ellas los ya detenidos, la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., recibió 58 millones 245 mil 948 pesos de 2011 a 2018 de diversas entidades públicas y privadas.
Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, depositó 31 millones 305 mil 88 pesos, mientras que Contabilidad Automatizada de Hidalgo SC, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Corporativo Contable Pachuca y Eficiencia en Negocios y Asociados, hicieron el resto de los depósitos cuyo origen presuntamente es ilícito.
La UIF advirtió que una vez que Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C. recibía los recursos, éstos eran dispersados a cuentas de Sosa Castelán, sus familiares y otros involucrados, con la finalidad de ocultar su origen ilícito.
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