En este sistema de desvío de recursos públicos en Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) caben todos: servidores de la nación, funcionarios de la Secretaría del Trabajo, gestores externos y hasta empresarios.
Un análisis de 155 quejas ciudadanas turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) obtenidas a través de una solicitud de información, permitió identificar por lo menos cinco formas de violentar las reglas de operación y obtener beneficios sin cumplir con los requisitos.
En los documentos se repiten irregularidades como usurpación de identidad y robo de datos personales a empresas y becarios, retención de las tarjetas bancarias y de un porcentaje del dinero, registro de amigos y familiares de servidores públicos y de tutores, uso del programa con fines proselitistas y la ausencia de capacitaciones, entre otros.
Un 60% de los reclamos ingresaron por el sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, una plataforma creada en la administración actual con el objetivo de fomentar la denuncia.
Los expedientes fueron turnados a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de investigar y de sancionar las posibles irregularidades.
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