Dos ex funcionarios del gobierno de León (2018-2021) enfrentan procesos de responsabilidad administrativa por el cobro de comisiones en efectivo y en especie, de hasta un 10 por ciento, que aplicaban a empresas que venden productos o servicios a los empleados municipales, informó la contralora Viridiana Márquez Moreno.
En el informe que rindió al Ayuntamiento, la funcionaria ventiló que inició la sustanciación de dos procedimientos de responsabilidad administrativa contra un ex directivo de la Dirección de Desarrollo Institucional, dependencia que hacía los cobros de las reciprocidades.
La Contraloría inició los expedientes PRA/009/2022 y PRA/010/2022 por la falta grave tipificada como abuso de funciones, establecida en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Al finalizar del informe, la contralora dijo que por el caso del cobro de comisiones en especie y en efectivo que no ingresaban a la Tesorería, inició cuatro procesos contra dos exfuncionarios de la Dirección de Desarrollo Institucional.
os dos primeros procesos ya fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), ente que puede determinar que no hubo falta, aplicar una sanción económica o una inhabilitación para ocupar cargos públicos, señaló Márquez Moreno.
Los otros dos expedientes, que informó al Cabildo, apenas fueron iniciados y notificados al presunto responsable, que era un director de área, pero no el titular de la Dirección de Desarrollo Institucional, dijo.
Viridiana Márquez dijo que será el Tribunal de Justicia Administrativa quien determine si existe una irregularidad por el dinero que no ingresó a Tesorería.
El cobro de comisiones salió a la luz pública porque la Contraloría interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el robo de 97 mil pesos en efectivo, producto de las reciprocidades. La denuncia ya fue archivada.
El recurso estaba bajo el resguardo del entonces director de Personal, Víctor Chombo López, quien además es investigado por otorgar compensaciones ilegales por 1.2 millones de pesos a sus colaboradores.
A pesar de que los titulares de Desarrollo Institucional firmaron los contratos, la Contraloría no los investiga.