El Infonavit busca dar créditos para trabajadores de bajos ingresos, específicamente dirigido a que asalariados que perciban menos de 7 mil 191.80 pesos al mes puedan tener acceso a una vivienda.
Esta semana, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit) anunció el inicio para el registro de créditos sujetos al subsidio del Programa de Vivienda Social 2019.
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En total, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ( Sedatu), a través de la Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi), dispersará 400 millones de pesos en subsidios como parte del Programa de Vivienda Social 2019.
El Programa de Vivienda Social 2019 opera un cofinanciamiento, destinado a posibilitar el acceso a un inmueble adecuado a los derechohabientes del Infonavit, con ingresos de hasta 2.8 Unidades de Medida de Actualización (UMA), equivalentes a 7 mil 191.80 pesos mensuales.
Los criterios aprobados por el Comité de Financiamiento de la Conavi buscan focalizar los apoyos en la población con mayor rezago habitacional, marginación, auto adscripción indígena y altos índices de violencia.
La ponderación de estos elementos se hizo con base en cifras oficiales del INEGI y aplicando la metodología utilizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ( Coneval).
La SEDATU reitera que la Política Nacional de Vivienda tiene como objetivo promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la vivienda adecuada, por lo que la distribución de todos los recursos se hará bajo una lógica de equidad social y transparencia, en beneficio de los que menos tienen.
Adicionalmente, para impulsar la participación de las pequeñas y medianas empresas, la CONAVI consultará la información de la oferta que proporcione la Sociedad Hipotecaria Federal y el Registro Único de Vivienda (RUV) en las distintas entidades federativas, vigilando que se cumplan los criterios antes mencionados.
La consulta que lleve a cabo la CONAVI será únicamente respecto a la Clave Única de Vivienda (CUV), el avance de obra y observando las reglas de operación vigentes del Programa de Vivienda Social, sin tener acceso al nombre del desarrollador, para llevar a cabo un proceso transparente e imparcial.
Con estas medidas, el Gobierno de México cumple con hacer un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, con el objetivo de garantizar y priorizar el derecho a la vivienda adecuada.