En el pesadero de desperdicios industriales y reciclaje donde labora Carlos Méndez, todos los días llegan personas a vender botellas de pet, latas de aluminio y cartón.
Incluso hasta coladeras y rejillas de metal con logotipos de alcaldías de la Ciudad de México, pero dentro de los productos que más se adquieren son cables y tubos de cobre de distintos calibres, algunos obtenidos de manera ilícita.
Por lo regular, el cable de cobre es extraído del alumbrado público y registros subterráneos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para luego pelarlo o quemarlo antes de ofertarse. E
sto termina afectando los servicios de las poblaciones de distintas comunidades. Otro caso es el robo de rejillas y coladeras de metal de calles o avenidas principales, ocasionando accidentes vehiculares y de peatones que pueden ocasionar lesiones graves.
Su destino es la venta a través de negocios de compra de chatarra industrial y de reciclaje, que fungen como intermediarios, y a su vez terminan ofreciéndolo a grandes compañías o empresas que cuentan con procesos de fundición.
Además, agrega que la contingencia sanitaria por el coronavirus influyó en el crecimiento de este delito, mientras el robo a transeúnte en la vía pública fue uno de los que más disminuyó, debido a que no había gente en las calles.
Los datos del SESNSP muestran que Puebla, Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán son las entidades que más registran delitos de robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, al sumar tres mil 902 del total de las más de cinco mil carpetas de investigación registradas desde 2018.
Sin embargo, la cifra negra por este ilícito es más alta, debido a que al menos 10 de las entidades del país no reportaron robos de este tipo al Secretariado.
Es el caso de la Ciudad de México, donde a pesar de que se prevé en el Art. 224 del Código Penal penas de dos a seis años de prisión, a quienes cometan robo contra el equipamiento y mobiliario urbano, no hay denuncias.