La Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de Felipe Calderón sí tuvo conocimiento de las irregularidades y presuntos vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, pero archivó las denuncias al considerarlas “improcedentes” o que “carecían de elementos” para continuar con la investigación.
El ex secretario tuvo 12 denuncias y quejas ante la SFP, sobre acusaciones de enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen, abuso de autoridad, negligencia, ejercicio indebido de funciones, desacato, descuido y falta de atención en el cumplimiento de sus obligaciones.
Una de las quejas fue presentada en 2010 por expolicías federales que se quejaron de los supuestos vínculos con el crimen organizado de García Luna y sus colaboradores más cercanos, como Luis Cárdenas Palomino, entonces comisario en jefe de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Armando Espinosa de Benito, coordinador de inteligencia de la PFP.
Los exagentes que presentaron la queja de forma anónima anexaron como pruebas una serie de mensajes que los miembros de la Coordinación de Seguridad Regional recababan durante los servicios de inspección, supervisión, seguridad y vigilancia en diversos recorridos por el país.
La mayoría de los mensajes anexados en la queja fueron encontrados por los agentes en cartulinas y mantas colgadas en puentes en los estados de Guerrero, Coahuila y Michoacán; en los que se acusaba a García Luna, Palomino y Espinosa de romper códigos y de proteger a un cártel.
“Presidente: le pedimos que habrá [sic] bien los ojos y que se dé bien cuenta de la clase de gente que tiene al frente de los cargos públicos como son Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palominos, Armando Espinoza de Benito [sic], están a la orden de uno de los cárteles de la droga; asimismo, se encargan de hacer los trabajos de dicho cártel para perjudicar a los demás”, decía un escrito fechado el 14 de mayo de 2009.
La queja fue desestimada porque los policías se negaron a dar sus nombres y no pudieron comprobar lo señalado en los escritos de las mantas y cartulinas que tomaban en los estados.
En marzo de 2012, un ciudadano, cuyo nombre fue tachado en el expediente entregado a este diario, presentó una denuncia ante la SFP acusando a Genaro García Luna de un crecimiento patrimonial significativo, no justificado e inexplicable. Adjuntaba información del Registro Público del Comercio de la Ciudad de México, así como datos sobre las declaraciones patrimoniales de 2002 a 2011 del exsecretario, en los que se apreciaba la compra de viviendas y terrenos a la par de sus diversos cargos en el servicio público.
En la misma denuncia, donde se pedía a la SFP investigar su crecimiento patrimonial, lo acusaban de ejercicio indebido del servicio público por no haber presentado su certificación policial mediante los exámenes de control y confianza, que eran obligatorios para todos los policías en México.
La queja registrada con el expediente DGDI/004/2012 no prosperó y el 21 de mayo de 2012 la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP determinó concluirla por “incompetencia”.
Otra de las quejas es la que presentó el 20 de mayo de 2008 Javier Herrera Valles, quien se desempeñó como director de la PFP en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde señalaba “actos de corrupción” por parte del ex secretario de Seguridad. Herrera Valles también denunció que García Luna cometía “injusticias”, “arbitrariedades”,intimidaciones”, actuaba con “improvisación” y los operativos en contra de la delincuencia organizada no daban resultados por falta de organización y capacitación al personal a su cargo.
Los hechos denunciados no prosperaron y concluyeron mediante “acuerdo de archivo”. Esto significa que después del análisis de la queja se determinó que los elementos aportados durante la investigación no fueron los suficientes para concluir alguna responsabilidad.
Otra denuncia en contra de García Luna la presentó el PRD en mayo de 2011, acusándolo de desviar recursos públicos de la Secretaría de Seguridad para la grabación de una serie de televisión transmitida por Televisa. Para grabar la serie El equipo, el entonces comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, le autorizó a la televisora usar sus instalaciones y le prestó patrullas, vehículos blindados, helicópteros y uniformes tácticos, y le facilitó 353 policías para que participaran como extras.
En julio de 2011, la SFP concluyó que no hubo ninguna irregularidad en la realización de esta serie porque las instalaciones, equipo y personal facilitado estaban autorizados en el contrato firmado con Televisa.
Las quejas en contra de García Luna datan desde el gobierno de Vicente Fox, cuando se detectó que una decena de servidores públicos de la Policía Federal Preventiva habían destinado 312.6 millones de pesos para realizar diversas compras sin una licitación de por medio. La investigación interna se registró como “uso indebido de atribuciones y facultades”.
A García Luna, quien en la época de los hechos era coordinador de Inteligencia de la PFP, lo acusaron de “compras indebidas” al gastar en viáticos y arrendamiento de inmuebles recursos que eran de una partida especial. Esto dio pie a que el 13 de enero de 2001 Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Contraloría (ahora llamada SFP) interpusiera una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La indagatoria en contra de García Luna y otros nueve servidores públicos no prosperó y un año después el caso fue archivado porque la PGR consideró que no había pruebas suficientes. En la SFP tampoco fue sancionado administrativamente.
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