Un juez federal de Quintana Roo dictó auto de formal prisión a María Irene Arteaga Rangel, agente de la Policía de Puebla, por presuntamente haber cometido el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Quintana Roo, determinó que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para iniciarle un proceso a la uniformada que participó en la captura y traslado de la periodista en 2005.
"El juzgador le dictó auto de formal prisión por su probable participación como autora material en la comisión del delito de tortura en perjuicio de una periodista, derivado de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR", indicó la dependencia federal.
La semana pasada, la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR le cumplimentó a Arteaga Rangel esta orden de aprehensión luego de ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez en un domicilio de la ciudad de Puebla.
De acuerdo con la Fiscalía, el 16 de diciembre de 2005, cuando Cacho fue aprehendida en Cancún, la agente participó activamente en su traslado por tierra de manera violenta y con violencia física y psicológica hasta Puebla.
En aquella ocasión, la periodista fue detenida con base en una orden de captura que derivaba de una denuncia de Kamel Nacif, "El Rey de la Mezclilla", por los delitos de difamación y calumnias.
El empresario se dolía de haber sido mencionado en el libro "Los Demonios del Edén", publicado en ese año, en el que la comunicadora lo relaciona con fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.
Según la FGR, durante el traslado a Puebla, donde fue puesta a disposición de un juez, Cacho fue objeto de humillaciones, intimidaciones y amenazas por parte de Arteaga Rangel.
Con la captura de esta última, suman ya cuatro las personas que han sido aprehendidas por el caso de la periodista en los últimos 11 meses.
Antes fueron detenidos Miguel Mora Olvera y Alejandro Rocha Laureano, agentes de la Policía de Puebla, así como Juan Sánchez Moreno, ex comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales, de la Procuraduría estatal.