La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, publicó este jueves el documento Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, que muestra, entre otras situaciones, las acciones realizadas por el crimen organizado durante la emergencia causada por el virus.
Dicho texto señala que diversos grupos delictivos han realizado en el país desde toques de queda y amenaza a médicos, hasta cobros de impuestos.
De acuerdo con la Segob, en abril se realizaron toques de queda en Iguala, municipio de Guerrero, además de en Culiacán y Los Mochis, entidades pertenecientes a Sinaloa.
Asimismo, la dependencia federal reporta amenazas a médicos suscitadas en Petatlán, Guerrero.
Se desconoce a la organización autora de las acciones ya mencionadas.
De quienes sí se tiene registro es del Cártel Jalisco Nueva Generación, que efectuó cobro de impuestos en Santiago Ixcuintla, Nayarit.
A su vez, el Grupo Sombra obligó a los ciudadanos de Tuxpan, Veracruz, a aislarse.
Según el documento, los estados y municipios de México no tienen la autorización de cerrar sus fronteras.
“Los retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho de al libre tránsito. La Ciudad de México, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para, por ejemplo, establecer cordones sanitarios”, señala este.
El texto menciona que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial.
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