Reconoció la legitimidad de las demandas de las madres y padres de familia en torno a la exigencia de la búsqueda de sus hijos, incluida la presunción de vida, a pesar de no contar con indicios de ello, así como para exigir que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, “que en muchos casos serán más que las 46 que hemos señalado por la investigación ministerial que está llevando la Fiscalía General de la República”.
Detalló que la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa ha aportado más de 45 mil documentos, y que hasta el momento se han emitido 121 resoluciones judiciales absolutorias a las personas responsables de haber perpetrado los hechos de la desaparición, algunas de las cuales, no tienen derecho a la libertad porque cuentan con otros procesos abiertos.
No obstante, abundó que se ha liberado a 77 personas que fueron víctimas de tortura, incluso, a algunos de los responsables de la desaparición, particularmente a los policías municipales, “todas estas libertades se han fincado en los malos procedimientos que la entonces Procuraduría General de la República a través de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada)”, precisó.
En este sentido, refrendó el compromiso con la verdad, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos y generar las condiciones para que la FGR, a través de su unidad especial, judicialice y procese a los responsables de estos hechos.