Líderes y cárteles del narcotráfico presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se unieron y promovieron un amparo para demandar la protección de la justicia, aseguran que son hostigados por el personal penitenciario y sometidos a tortura psicológica.
Ante tal situación, el agente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República, solicitó a la jueza que dio entrada a la demanda que sobresea el caso. Sin embargo, la juez indicó que en su momento “dictara la resolución que en derecho corresponda”.
La jueza Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales Abigail Ocampo Álvarez, con sede en la ciudad mexiquense de Toluca concedió a los capos y operadores una suspensión de plano para que cesen los presuntos actos denunciados.
Tal demanda fue presentada por Servando Gómez, La Tuta, ex líder del cártel Los Caballeros Templarios; El M1 o El Gordo, ex líder del cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén y por Fernando Sánchez Arellano, El Alineador o El Ingeniero, ex líder del cártel de Tijuana.
Así mismo también fue firmada por Hugo Guerrero Encinas, El 01, lugarteniente de Noel Salgueiro Nevarez, El Flaco Salgueiro, líder fundador del grupo de sicarios conocido como Gente Nueva del cártel de Sinaloa, responsable de las matanzas en Chihuahua y Sonora.
De igual forma fue presentada la demanda por parte de Javier Adrián Salazar Ortiz, quien fue jefe de plaza de Los Zetas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
El titular de la Delegación en el Estado de México del Instituto Federal de la Defensoría Pública designó a un defensor “para que fueran representados, orientados y/o asesorados a los que presentaron las quejas, Hugo Guerrero Encinas, Servando Gómez Martínez, Mario Cárdenas Guillén, Javier Adrián Salazar Ortiz y Fernando Sánchez Arellano, en el presente juicio”, detalla un acuerdo judicial.
“Dadas las circunstancias que se suscitan en estos momentos por la pandemia del covid-19, requiérase al profesionista antes referido a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que, en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, mediante escrito acepte y proteste el cargo de defensor público de los quejosos".
El defensor ya aceptó y protestó el cargo, detalla otro acuerdo dado a conocer por la juzgadora, menciona que en próximos días se definirá si se continúa con el estudio de este caso.
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