Ganar la batalla contra la obesidad en México pasa por diseñar una política fiscal que contemple el aumento del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a refrescos y amplíe el debate, con base en evidencia científica, sobre qué otros productos ultra procesados son merecedores de dicho impuesto.
Reconocer que la obesidad es un problema multifactorial en el país, es el primer paso para diseñar estrategias que tomen en cuenta impuestos globales a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, activación física y campañas educativas.
El planteamiento del Congreso de la Unión de aumentar el IEPS a refrescos debe ampliar el análisis sobre qué otras industrias y productos, con base en la evidencia científica, deben tener este impuesto especial.
La Organización Panamericana de la Salud es enfática al respecto: las bebidas azucaradas aportan un tercio (28%) de todas las calorías que consume la población en América Latina. Y el 72% restante proviene de los alimentos procesados, que contienen azúcares, altas cantidades de grasa y sodio, en un contexto en donde México mantiene un consumo alarmante, pues somos el mercado minorista de snacks más grande en la región y el de mayor crecimiento esperado[1].
La misma OPS, en información que ha sido retomada por el Instituto Nacional de Salud Pública, advierte que en el país se consumían 214 kg de alimentos ultraprocesados por persona en 2014, en los últimos datos disponibles. Esta circunstancia nos coloca en el primer lugar en América Latina. En México, las industrias de las papas fritas, galletas y snacks son de las más importantes, sobre todo entre niños de 5 a 11 años de edad, quienes las consumen regularmente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud 2018, la más reciente disponible.
De igual manera, a nivel nacional se ha seguido la tendencia estadounidense donde hasta un 40% de la población ha sustituido comidas completas por snacks, botanas y dulces, de acuerdo con información del Tetra Pak Equity Tracking 2019, retomada por Milenio. Lo anterior serviría para explicar los crecientes índices de obesidad y otras enfermedades con componentes metabólicos como la hipertensión y la diabetes en el país.
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Para poner lo dicho en perspectiva basta con decir que los mexicanos registran la adquisición más alta de artículos de uso masivo en el mundo, especialmente en snacks, botanas y dulces, conforme a lo publicado por el estudio Brand Footprint.
En las principales ciudades mexicanas, donde el problema de la obesidad es más grave, el mercado de “snacks” sumó un valor de más de 53 mil millones de pesos según datos de Kantar Worldpanel. Si dividimos esta cantidad entre la población mexicana, representa un gasto de más de 417 pesos por persona en estos papitas, galletas o pastelillos.
En lo que refiere a cárnicos, aunque estos han sido señalados por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos y aunque contienen altas cantidades de sal y grasas dañinas, su consumo fue de 973 mil toneladas durante 2018, de acuerdo a lo indicado por Comecarne, lo que equivale a alrededor de 7.5 kilos por persona al año.
Los productos preferidos en esta área son los jamones y salchichas de pavo, que han sido señalados por la Profeco por no llegar a los grados nutricionales recomendados y, en algunas ocasiones, contener otras fuentes de proteína no señaladas.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud han alertado en numerosas ocasiones sobre las tendencias de consumo de estos productos, que incluyen por lo menos 21 industrias, entre ellas la refresquera y de bebidas azucaradas.
Por ello, es positivo que la política fiscal contemple, un aumento del IEPS a refrescos y bebidas azucaradas, y que además se aplique el impuesto especial a alimentos ultra procesados, hipercalóricos, comidas rápidas y suplementos dietarios con bajo aporte nutricional que más inciden en el sobrepeso y la obesidad de los mexicanos para que, con base en datos y evidencia científica, se establezcan políticas públicas encaminadas a reducir estas tendencias.