El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la llamada "Ley Olimpia", que tipifica como delito la violencia digital como la difusión de 'packs' sin el consentimiento de la víctima, con lo que se sitúa como la entidad número 24 en aprobar esta iniciativa en México.
Fue el pasado sábado 5 de septiembre cuando los legisladores aprobaron de manera unánime, con 23 votos a favor, una serie de reformas y adiciones de diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de Quintana Roo.
Entre las modificaciones figura la adición del capítulo VIII de violencia digital en el Código Penal, el cual establece sanciones de cuatro a ocho años de cárcel, así como una multa de 200 a 500 días, a quien difunda, publique, comparta o altere por cualquier medio digital o impreso contenido audiovisual como grabaciones de voz, imágenes y videos de carácter sexual o erótico de otra persona sin su consentimiento.
Las penas podrían aumentar en más del 50% en caso de que haya existido una relación afectiva, de confianza, matrimonio o concubinato entre el agresor y la víctima.
Por otra parte, se impondrán penas de seis meses a cuatro años de prisión y una multa de 100 a 400 días a quien, mediante el uso de cualquier tipo de violencia, amenace o coaccione a otra persona mayor de edad con llevar a cabo estas conductas, con el objetivo de obtener un lucro o beneficio de cualquier tipo.
Por otra parte, los legisladores de Quintana Roo aprobaron la tipificación del delito de violencia política, estableciendo procedimientos de sanciones que varían de acuerdo al nivel del delito.
A este respecto, indicaron que las reformas buscan garantizar la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, alcaldías, candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y senadurías.
Mediante un comunicado emitido por el Congreso, señalaron que esta iniciativa constituye una "reforma transversal a diversas normas que tienen como finalidad actualizar la legislación estatal en materia de violencia política contra las mujeres" en concordancia con las disposiciones a nivel federal.