De enero a noviembre de 2019 ocurrieron 916 feminicidios en todo el país, la cifra más alta en desde 2015, año en que se tipificó el delito y comenzó el registro de estos ilícitos. En ese año registraron 426 casos para un periodo similar.
Veracruz ocupa el primer lugar como estado, mientras que, como municipio, el primer lugar es para Monterrey.
Por cantidad de casos a nivel estatal Veracruz se encuentra en primer lugar, con 158 feminicidios. Le sigue en el Estado de México con 109, Nuevo León con 61 y Ciudad de México con 60 casos.
Por proporción por cada 100 mil mujeres, también Veracruz está en primer lugar. Le sigue Morelos, Nuevo León, Sonora y Sinaloa.
Por municipio, el primer lugar lo ocupa Monterrey, con 17 casos en 2019. En seguida: Culiacán (14), Ciudad Juárez, Iztapalapa y San Luis Potosí con 13 cada uno, y Tijuana, Guadalajara, Puebla y Xalapa, con 11 cada uno.
Hay 385 municipios con al menos un caso. No hay zona del país sin este flagelo.
A nivel municipal, varios municipios de Veracruz y de la Ciudad de México se encuentran en los primeros 100 lugares.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra de feminicidios se incrementa año con año. En 2018 se registraron 912 víctimas.
Esto puede tener dos razones, que no son mutuamente excluyentes: una, que la violencia de género se esté recrudeciendo, como reacción de “venganza” hacia los diversos movimientos feministas, que fueron particularmente intensos este año, y dos: que cada vez más casos de asesinato de una mujer se han catalogado como feminicidio, casos que hace unos años hubieran sido tipificados como homicidio doloso, accidente, homicidio involuntario o suicidio.
En general, las autoridades estatales, municipales y federales se resisten a que el asesinato de una mujer se califique como feminicidio, ya que eso afecta la imagen de eficacia que muchos gobiernos quieren ostentar. Si bien es cierto que hay asesinatos de mujeres que no obedecen a motivos de género, hay muchos casos que las autoridades quieren disfrazar.
Para revertir esta situación ha sido muy importante la presión de diversas ONG, que insisten en que se apliquen los protocolos para discernir, en cada caso de una mujer asesinada, si se trata de un feminicidio. En este activismo es central la participación de las madres de muchas jóvenes asesinadas. Algunas madres han luchado intensamente tan solo para que las autoridades reconozcan que su hija fue asesinada por motivos de género.
En 2015 se tipificó el delito y se inició el registro de los ilícitos. Ese primer año hubo 426 casos, en 2016, 642 y en 2017, 765.
Las entidades con menor cantidad de casos en 2019 fueron Baja California Sur (2), Yucatán y Tlaxcala (3 cada uno), Nayarit, Campeche y Aguascalientes (4 cada uno).