Debido al surgimiento de la emergencia sanitaria por Covid-19, las plataformas digitales se han vuelto esenciales en el empleo y la comunicación de la población a nivel mundial. A consecuencia de esto, recientemente hubo un incremento en los discursos de odio propagados a través de las redes sociales, los cuales son dirigidos predominantemente hacia grupos minoritarios. Organismos internacionales, asociaciones civiles y gobiernos de múltiples países se comienzan a cuestionar cómo abordar esta creciente problemática de magnitud global.
Según la Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio, cualquier alocución o comportamiento que ataque, discrimine o utilice lenguaje peyorativo contra una persona o grupo basado en religión, etnicidad, raza, género u otro factor de identidad será clasificado como discurso de odio. "En muchos estados, estas acciones están indirectamente legitimadas por funcionarios estatales que utilizan las redes sociales para deshumanizar comunidades y convertirlas en chivos expiatorios para obtener beneficios políticos" explica la A sociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo).
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México asegura, la violencia en plataformas digitales alcanza dimensiones sociales desmesuradas que incitan la distorsión del diálogo público. A causa de esto es vital acometer acciones concretas las cuales fomenten la tolerancia y la diversidad en los medios virtuales. Valeria Berumen, subdirectora de Divulgación y Comunicación Social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), insiste que primeramente es necesario fomentar el debate informado en la sociedad. Después, se requiere de la formulación de leyes contra la discriminación, el racismo y la divulgación de odio perpetuado a través de redes sociales. Por último, es indispensable concientizar acerca de la autorregulación de opiniones y la comprensión en los ciberespacios.
"Abordar el discurso de odio no significa limitar o prohibir la libertad de expresión. Significa prevenir el escalamiento del discurso de odio hacia algo más peligroso, particularmente la incitación de la discriminación, la hostilidad y la violencia, las cuales están prohibidas bajo la ley internacional" expresó António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), combatir este desafío requiere que el Estado cumpla su obligación de proteger y efectuar los derechos humanos de cualquier minoría. Es fundamental que se preste especial atención a grupos en condiciones de vulnerabilidad, riesgo o marginación como niños, mujeres, migrantes, personas con discapacidades o miembros de la comunidad LGBTIQ. Igualmente, el gobierno debe actuar con rapidez y eficacia contra la incitación de violencia, hostilidad y discriminación, respetando la libertad de expresión, opinión y el derecho a la privacidad.
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El Consejo de Derechos Humanos resalta la importancia de la participación de grupos minoritarios en la elaboración de políticas, leyes y programas contra la discriminación en plataformas digitales. Del mismo modo, explica que el Estado necesita adoptar iniciativas educativas y abordar las causas y repercusiones principales del fenómeno en cuestión. Además, se propone la posibilidad de fundar instituciones independientes, especializadas y autorizadas para identificar y regular los discursos de odio en las redes. Asimismo, se deberá establecer un marco jurídico concreto dedicado a combatir esta clase de problemáticas, el cual garantice el adecuado enjuiciamiento de los responsables.
Tratar el tema anteriormente mencionado exige la colaboración del Estado, de las corporaciones encargadas del manejo de las diversas plataformas virtuales y de instituciones civiles. El alcance que pueden llegar a tener los discursos de odio es de proporciones desmedidas, por esta razón se requieren soluciones integrales que aborden las múltiples causas y consecuencias del problema.